Baja de la edad de punibilidad en Argentina. Miradas y alternativas a un problema recurrente
Martin Recanatti*
Recientemente se cumplieron 17 años de la desaparición de Luciano Arruga. Luciano, un pibe de un barrio pobre del conurbano bonaerense, tenía 16 años, no estaba condenado ni imputado. Meses antes de su desaparición había sido reiteradamente hostigado, detenido y torturado por la policía. Su desaparición y la posterior cadena de negligencias que rodearon el tratamiento, circulación de su cuerpo por los pasillos de la burocracia estatal y que derivaron en un entierro sin identificación, coinciden con una fuerte impronta punitivista de la discusión política y legislativa. En aquel momento (año 2009), al igual que hoy, se discutía la baja de la edad de punibilidad penal de niños, niñas y adolescentes. Misma respuesta a escenarios cambiantes.
En la actualidad, el debate se da en el marco de una situación particularmente preocupante. A la insistencia de ampliar el alcance del sistema penal juvenil se suma un proceso acelerado de desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas públicas orientadas a la promoción y protección de derechos. Programas nacionales destinados al acompañamiento comunitario, la inclusión educativa, la recreación, la salud integral y el fortalecimiento de redes territoriales han sido eliminados o severamente recortados bajo el argumento de la eficiencia fiscal transfiriendo la responsabilidad, no así los recursos, a cada una de las jurisdicciones.
Este doble movimiento (expansión del castigo y retracción de la protección) no es neutro. Configura un sentido común en el que la inseguridad se explica de manera simplificada, asociándola a la conducta de jóvenes de sectores populares. Sin embargo, los datos disponibles cuestionan esta narrativa. Según el Observatorio de Políticas de Seguridad (UNLP), en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la participación de adolescentes en hechos delictivos se redujo a la mitad desde el año 2009 en adelante. La experiencia comparada en América Latina refuerza esta evidencia: la baja de la edad de punibilidad no ha demostrado efectos significativos en la reducción del delito, pero sí ha incrementado la población carcelaria juvenil y profundizado trayectorias de exclusión y violencia institucional.
En este escenario, a nivel provincial, empiezan a desarrollarse algunas experiencias que van en sentido contrario. El Programa Entramados en la Provincia de Buenos Aires se orienta hacia abordajes preventivos e integrales frente a la conflictividad penal juvenil. En sus primeros meses de implementación, a partir de diagnósticos territoriales realizados en 26 municipios y del acompañamiento sostenido de adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad, el programa muestra que las trayectorias de transgresión no responden a una propensión individual al delito, sino a la acumulación de vulneraciones sociales, educativas, vinculares y de salud mental, en escenarios de fuerte fragmentación institucional.
Las intervenciones desarrolladas por los equipos de Entramados están orientadas a actuar tempranamente sobre estos nudos críticos, propiciando la articulación de actores instituciones que conforman el sistema penal juvenil ya existente. Esta experiencia fija un posicionamiento político en la idea de que ampliar derechos y reconstruir trayectorias resulta una estrategia más consistente y eficaz para abordar la inseguridad que la ampliación de la punibilidad penal.
Lo ocurrido con Luciano Arruga expone los riesgos de un Estado que deja de reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho y los redefine como amenazas a neutralizar. La criminalización temprana no resuelve la inseguridad: produce más daño social, legitima prácticas violentas y debilita los principios básicos de un orden democrático. Este caso, como tantos otros, es la muestra de que cuando el Estado Nacional retrae su presencia en las áreas que podrían incidir preventivamente sobre las condiciones de vida de niños y adolescentes y, al mismo tiempo, refuerza su capacidad coercitiva, opera para estas poblaciones cada vez menos como un garante de derechos y más como administrador del miedo.
* Dr. En Sociología (EIDAES/UNSAM), docente (UNSAM/UNQ). Investigador en el Núcleo de Violencias (EIDAES-UNSAM). Integrante del Programa Entramados dependiente del Organismos Provincial de Niñez y Adolescencia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Referencias
Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. (UNLP) Informe: ¿Qué muestran las estadísticas judiciales sobre el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires?