Reflexión sobre el estado actual de los sistemas penitenciarios en América Latina

*Alejandro Marambio Avaria

Aunque, como explica UNODC (2023), América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo en términos de homicidios, esto no puede justificar, por sí solo, el aumento de la tasa de prisionización que se ha producido desde 1980 hasta la actualidad.

Esta región se ha venido caracterizando por alto uso de la cárcel como única respuesta punitiva, exceso en la prisión preventiva, alto nivel de hacinamiento crónico, violencia, centros penitenciarios precarios y deteriorados y muchas nuevas construcciones con una capacidad de alojamiento que genera un desafío extremo para poder conocer a la población que aloja, para brindarles programas de tratamiento a través de actividades significativas, y para proteger su vida y aplicar las técnicas de gestión más humana y a la vez eficaz. Del mismo modo la brecha en la ratio de personal penitenciario por privado de libertad también ha ido en aumento. La formación y la remuneración han sido obstáculos para la captación y retención de personal adecuado.

En este contexto las consecuencias muy posibles son que el personal penitenciario trate a las personas que tiene a su cargo de manera mecánica, deshumanizadora, que evite el contacto y que se produzcan condiciones de desgaste laboral. Este panorama se ve acompañado, en muchos casos por la falta de incremento del presupuesto para los sistemas penitenciarios, lo que crea condiciones de falta de acceso a servicios mínimos como agua potable, alimentación de calidad, atención médica, condiciones sanitarias básicas (BID 2024).

A ello se suma la falta de planificación estratégica (CICR, 2018). Muchas cárceles se construyen o amplían sin una visión sistémica, sin evaluar necesidades reales, sostenibilidad operativa o impactos presupuestarios futuros. Esto produce infraestructuras ineficientes, onerosas e incapaces de satisfacer necesidades básicas como luz natural, salud, espacios adecuados de convivencia o interacción social positiva. En la región, esta precariedad estructural coincide con políticas de “mano dura”, cuya expansión carcelaria no prevé la inversión necesaria ni considera modelos de diseño que favorezcan la seguridad, normalidad o crecimiento personal.

A partir de este diagnóstico, resulta indispensable pensar una política criminal que además de basarse en la dignidad humana, que acepte explícitamente las limitaciones presupuestarias. No puede haber más personas privadas de libertad de las que un Estado puede custodiar dignamente. Esto implica: limitar el uso del encarcelamiento, priorizar medidas alternativas, y considerar que cada nueva plaza penitenciaria supone un costo económico y humano que se proyecta durante décadas. 

En este orden, la ética penitenciaria debe situarse en el centro de esta planificación: no causar daño, mantener normalidad, promover salud y el crecimiento personal y preservar vínculos sociales. Estos principios, alineados con los de las Reglas Nelson Mandela, recuerdan que la prisión es un espacio donde habitan seres humanos, y que su diseño y gestión deben orientarse a minimizar sufrimiento y maximizar posibilidades de integración futura.

Por lo tanto, la política criminal debería reorientar sus prioridades: limitar la expansión del encarcelamiento, planificar de acuerdo con los recursos reales del Estado, fortalecer alternativas a la prisión y diseñar intervenciones cuya eficacia esté respaldada en evidencia. En un contexto donde la violencia es elevada, pero el encarcelamiento masivo no reduce esa violencia, persistir en la expansión penal sin planificación solo reproduce el círculo de saturación, ineficiencia y sobrecarga institucional.

* Ex Director Nacional de Readaptación Social, del Servicio Penitenciario Federal y Subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, Maestrías en Derecho Público por la Carlos III de Madrid y de Derecho Español para Juristas Extranjeros por Salamanca, Especialista en Derecho Penal (Di Tella) y con un diplomado en arquitectura judicial y penitenciaria (Universidad Abierta Interamericana).

Referencias 

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2018). Hacia establecimientos penitenciarios más humanos. CICR.

Perez-Vincent, S. M., Puebla, D., Alvarado, N., Mejía, L. F., Cadena, X., Higuera, S., & Niño, J. D. (2024). Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe. https://doi.org/10.18235/0013238 https://publications.iadb.org/es/los-costos-del-crimen-y-la-violencia-ampliacion-y-actualizacion-de-las-estimaciones-para-america

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). Global Study on Homicide 2023. Vienna: UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html